Hasta encontrar el último hueso

Su pecado: vivir rodeados de selva y de agua

El día que se firmó el acuerdo definitivo de paz entre el Gobierno y las Farc, el río Guaviare tenía el caudal bajo. Los campesinos descendían de las lanchas con pescados gigantes y los barcos sarpaban con canastas llenas de cerveza hacia Puerto Inírida (Guainía). Fue el 24 de noviembre de 2016. Había mucho que celebrar, pues la guerrilla más antigua del mundo, desde la guerra fría, empezaba su transito a la legalidad y dejaría de matarse con el Estado colombiano.

Pero la celebración poco se sintió. Los corazones adoloridos de muchas madres lo impide. La guerra las volvió duras y solo van al muelle en San josé, a contemplar el río a ver si en algún momento la corriente saca a flote aunque sea un hueso, un cráneo o la dentadura de algún hijo del Guaviare. De ese muelle los paramilitares se llevaron a mucha gente, dicen quienes desde el año 2000 hasta el 2008 vivieron la arremetida de un grupo que llegó para acabar a las Farc y apoderarse del negocio del narcotráfico. La razón: los ríos que comunican internacionalmente a Colombia con Brasil y que han sido la ruta para sacar la cocaína desde la época de Gonzalo Rodríguez Gacha, el socio de Pablo Escobar.

Muchos de los cadáveres eran arrojados al río Guaviare para desviar la atencion del Gobierno. Otros eran despedazados y, los más desafortunados, les abrían el estómago, les sacaban las tripas, les metían piedras y los arrojaban al agua. Por eso es más dificil la esperanza de encontrarlos, aunque sea, los huesos flotando.

Esa esperanza ronda en todo este departamento de la región de la Amazonía, ubicado al sur de Colombia. En la esquina de la caferia El Colombia, en la casa de Laureano Maroquín, en los billares El Campeón, en la calle sexta, en muchos lugares de la vida cotidiana de donde los armados se llevaron a algún guaviarense. Su capital, San José, es uno de los municipios con mayores desapariciones forzadas en el país.

La puerta de entrada de las Autodofensas Unidas de Colombia o paramilitares al Guaviare, fue el municipio de Mapiripán, Meta. Allí masacraron a 49 campesinos entre los días 15 y 20 de julio de 1997. Su camino a la selva guaviarense continuó por la inspección de Puerto Alvira (Mapiripán), donde torturaron y asesinaron a más colombianos en mayo de 1998. Por ese camino llegaron a San José y conformaron el bloque Héroes del Guaviare, comandado por Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, asesinado, y por Edilson Cifuentes Hernandez, alias Richard, preso. A este último, Paulina Mahecha, la mamá de la enfermera María Cristina, desaparecida el 19 de abril de 2004, es que le pide una entrevista en la cárcel para que le diga dónde enterró los restos de su hija.

El objetivo era apoderarse de las orillas de los ríos Guaviare e Inirida, principalmente en zona rural de San José y El Retorno, cuyas tierras eran apetecidas para desarrollar la cadena de oro de la cocaína: cultivar, procesar y exportar. La confrotación con las Farc no se hizo esperar. Pronto empezaron a conocerse de fosas comunes y la sangre de los campesinos e indígenas empezó a tragársela la tierra.

13.562 desapariciones forzadas son atribuidas
a grupos paramilitares.

Las cifras oficiales no dan cuenta de tal atrocidad, dicen los pobladores. Según el Registro Único Nacional del Víctimas (Runv) entre 1985 y 2016 fueron desaparecidos 3.839 pobladores en el departamento del Guaviare. Algunos acusados de ser colaboradores de la guerrilla, de los paramiliares, otros, por ser intermediarios del narcotráfico de uno de los bandos del conflicto, y los que murieron por simple sospecha. En todo caso, los datos dicen que los paramilitares fueron quienes más desapariciones forzadas cometieron en Colombia: 13.562 de las 60.630 víctimas que registra el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) en su último informe. Mientras tanto, 5.849 se le atribuyen a las guerrillas, 2.598 a grupos posdesmovilización paramilitar, 2.368 a agentes de Estado, 4.686 grupos armados no identificados, es decir que el 51,4% tiene como autor a desconocidos.

Para dimensionar la magnitud del daño, el mismo Cnmh dice que en promedio 3 personas fueron desaparecidas forzadamente cada día en los últimos 45 años en Colombia, lo que equivale a una persona desaparecida cada 8 horas desde 1970 hasta 2015.

El actual Defensor del Pueblo Regional, Trian de Jesús Zuniga, vive desde hace 27 años en San José del Guaviare y fue personero de ese municipio en la época más sangrienta: entre 2000 y 2007. Él más que nadie sabe cómo y por qué desaparecían a tantos pobladores de un departamento  que hasta esos años había sido territorio de las Farc.

Cuenta que el factor ideológio, de querer acabar con la guerrilla comunista y sus colaboradores, dejó muchas muertes de personas inocentes que salían de la zona rural, donde opera la insurgencia, y eran desaparecidos por ser tildados de auxiliadores de la guerrilla. “Yo ví cómo del Banco Popular sacaban gente que iba del campo a consignar dinero, pero llegaba una moto con dos paramilitares, subían a la persona, se la llevaban y la desaparecían. Y eso que habían retenes de la Policía y el Ejército en la salida del pueblo”, dice.

La práctica de desaparición forzada tiene varios significados, advierte el Cnmh: castigar, aterrorizar y ocultar.

En el caso colombiano, se ha dicho que era la forma de evitar que el Gobierno se alarmara por tal situación y así los paramilitares podían mantener viva las pretenciones de presionar a la población para hacer elegir, como lo hicieron, a personas de su confianza. Hoy, muchas de esas autoridades locales o nacionales están condenadas por esos nexos.

Florenia Parra Díaz tiene un doble dolor. Es una mujer de 42 años y tiene entre sus fotos a sus tres hermanos desaparecidos: Norberto Martínez Díaz, según lo que ha averiguado fue reclutado por las Farc en Barrancominas (Guainía). Willian Parra Díaz, quien desapareció en La Uribe (Meta) y Manuel Martínez Díaz, quien vivía en Bogotá. Hace 16 años se voló de la guerrilla, porque también estuvo reclutada.

Parra era una de las mujeres que cuidaba a Gonzalo Rodríguez Gacha cuando se vino a esconder a la selva del Guaviare porque las fuerzas militares lo perseguían a muerte. “Yo era la que le armaba los porros de marihuana, porque fumaba mucho. Yo le decía a él que permitiera que siguiera cuidándolo porque no quería ir a disparar un arma, no me sentía capaz. No quería estar ahí y le decía a Gacha que me ayudara a salir, hasta el día que me volé”, recuerda.

En el barrio Modelo de San José del Guaviare está la casa de Nury Quintero, quien tiene a su hijo desaparecido desde el 18 de diciembre de 1992. Es una casa de barro en medio de árboles, contigua a otro barrio pobre que tiene una placa de tabla a la entrada de la carretera de tierra que dice: Hacienda Nápoles N° 2. Como se llamaba la exótica hacienda que construyó a las afueras de Medellín el temido capo Pablo Escobar Gaviria.

Es el fantasma del narcotráfico que ronda a un pueblo víctima de la guerra en Colombia. Muchos jóvenes cayeron en sus garras. Algunos porque se convirtieron en los llamados “Chichipatos”, es decir, los que le recibían el dinero a los narcos duros para comprar la mercancía en las zonas rurales del Guaviare. “Cuando llegaron los paramilitares los “Chichipatos”, que viven en la cabecera, se acomodaron a su ley. Muchos de ellos murieron porque se echaban al agua ante la guerrilla o los paracos. Aquí el problema no fue tanto ideológico, sino por el narcotráfico“, apunta el Defensor del Pueblo.

Con el proceso de paz, que hizo el Gobierno de Alvaro Uribe en 2008 las víctimas de desaparición forzada de los paramilitares redujeron en Guaviare. Sin embargo, los jefes de ese grupo armado condenados a ocho años de prisión nunca contaron toda la verdad de lo que sucedió: “Aquí hay muchas cosas que aun no se saben”, concluye el Defensor. Las madres de los desaparecidos no conocen dónde quedaron sus hijos enterrados, los hijos no saben nada de sus padres, el río sigue en silencio buscando descargar esas almas en alguna ribera, mientras las víctimas esperan que con el nuevo acuerdo de paz, ahora con las Farc, se pueda saber toda la verdad del conflicto colombiano y así poder escuchar de boca de los violentos por qué los desaparecieron y donde están las fosas comunes con los restos.