Lo primero que hará Olga Luz Betancourt el día que vuelva a pisar su finca, esa que la violencia le obligó a abandonar, será sembrar flores. Muchas. Como le gusta a su mamá. Ya han pasado 14 años desde su desplazamiento forzado en enero de 2003. Desde entonces y hasta octubre de este año han huido de sus tierras más de cinco millones de personas. Ya son 7’452.519 colombianos en la misma situación, según cifras a octubre de 2016 del Registro Único de Víctimas. Es casi la población de Bogotá.
Y fue a esa ciudad, a la Capital, a la que Olga tuvo que llegar. Y como la mayoría, no tuvo más opción que quedarse en el principal cinturón de miseria: la localidad de Ciudad Bolívar, una de las más pobladas y pobres de la ciudad.
Allí, en sencillas casas de ladrillo enclavadas en la montaña, viven, según el Dane, 713.764 personas. De ellas, al menos 325.000, el 45% del total, son desplazados que, como Olga, encontraron en esas calles la única posibilidad de un techo a precio módico o un lote baldío para invadir y una comunidad que no los rechazara. Al fin y al cabo, Ciudad Bolívar fue fundada por desplazados que desde los años 50 llegaron a sus montañas, todavía vírgenes, para esconderse de la violencia política.
Y una de las razones por la que esta zona se volvió punto de llegada de desplazados es su ubicación ‘estratégica’. Su vía principal, la Autopista Sur, es la puerta de entrada a la ciudad desde departamentos azotados por el conflicto como Tolima, Huila y Caquetá, entre otros.
Las montañas ya áridas de Ciudad Bolívar fueron el primer paisaje con el que se encontraron Olga, sus padres y sus hermanos. Allí vivieron durante 13 años tras salir de su finca en El Castillo, en el Meta.
Olga extraña la tierra en la que nació. Nunca ha olvidado que es campesina. Añora su finca en El Castillo (Meta), a cuatro horas de Bogotá. Un lugar con una casa amplia de techo rojo, clima cálido y mucho campo, donde abundaban los cultivos de café y de maíz.
Por las venas de esta mujer de 39 años corren dos pasiones: la política y el campo. Ambas fueron herencias de su padre, Luis Felipe Betancourt, un campesino de piel morena y ojos oscuros que combinaba las labores en la tierra con la militancia en el partido político Unión Patriótica, nacido en 1985 como consecuencia de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur, las Farc, y algunas disidencias del Eln.
Luis fue uno de los primeros habitantes de ‘El Castillo’. A punta de machete y azadón logró tener una finca cafetera en la que crió, junto a su esposa, María Leonilde León, a 7 hijos. Tres hombres: Luis Albeiro, Alonso y Omar; y cuatro mujeres: Nenfer, Rosa María, Eunice y Olga, la menor, destinada a ser líder.
“Lo más bello era el trabajo en familia. Los hermanos hacíamos de todo, recoger café, moler maíz para las arepas. Trabajábamos desde temprano y luego teníamos nuestra compensación. Los domingos podíamos ir al río a tomar un baño, o a un partido de fútbol”, recuerda Olga.
Y en diciembre, cuando llegaban las mejores cosechas de café y de maíz, el río de los paseos dominicales se convertía en el lugar de celebración.
Olga (derecha) durante su infancia en El Castillo
Luis Felipe y su esposa, Maria Leonilde
Olga (segunda a la izquierda) cuando estudiaba en El Castillo.
Los días de comida en el río en El Castillo
Todos, familia, amigos, trabajadores y vecinos se reunían y aportaban plátano, carne, gallina, papa y yuca para cocinar en una olla ‘comunal’ un sancocho que era compartido en medio de baile y fiesta para darle la bienvenida al nuevo año.
Así, en medio de alegrías con su familia, a los 15 años de edad, seguía muy atenta todo lo que ocurría con el partido de su padre, que en 1986 logró en las elecciones 14 congresistas y al tercer candidato presidencial más votado: Jaime Pardo Leal.
La historia de la UP fue muy corta. Desde El Castillo Olga comenzó a seguir las noticias que daban cuenta del asesinato de sus líderes, condenados al exterminio de los paramilitares, quienes se aliaron con algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Entre 1986 y 2002 fueron asesinados 6.500 militantes en Colombia. Y en El Castillo, esa mano negra se ensañó con la gente.
Para los paramilitares, señala el Centro de Memoria Histórica en su informe ‘Pueblos Arrasados’, El Castillo era un pueblo ‘guerrillero’. Y por eso asesinaron y expulsaron a la población y se apropiaron de muchas fincas.
Entre 1998 y 2003, el año en que la familia de Olga finalmente tuvo que escapar, fueron desplazadas 4.863 personas de un pueblo que tiene 6.800 habitantes. Es decir, el 70%. Y entre ese año y el 2005, la violencia obligó a escapar a otras 1.500. La guerra convirtió a El Castillo en un pueblo fantasma.
Los Betancourt esquivaron la muerte, pero no el exilio. Huyeron en enero de 2003. Don Luis y algunos de los hermanos escaparon el 23. Olga lo hizo el 26 a las 5 de la mañana. Su mamá, un día después. “Recuerdo que estaba de fiesta. A las 3 de la mañana llegué a mi casa cuando uno de mis hermanos me dijo que empacara y corriera. Que estaba en la lista negra”.
La familia llegó a Villavicencio, pero hasta allá los persiguió la guerra. Fueron amenazados a los pocos días. Decidieron irse a Bogotá. La finca quedó abandonada. Y hoy aún está ahí. Nadie la habita, dice Olga. Luis Felipe, el padre, entró en depresión. “Tenía un arraigo fuerte con el campo y acá en la ciudad las personas mayores se vuelven casi inútiles y somos los hijos los que lo mantenemos. No resistió.
“Lo mató la tristeza”.
Un acuerdo que da esperanza
“La ayuda a los desplazados está bien al principio. Pero no nos podemos quedar ahí”. Ese es uno de los principios que defiende Olga. Por eso, tan pronto llegó a la Capital comenzó a moverse impulsada por la vena política que heredó de su padre. Buscó contactos y halló la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia, Andescol, de la que hoy, 13 años después, es directora.
Allí, ha consolidado un proyecto que se le ha vuelto obsesión: el retorno a la tierra de las comunidades que, como la de El Castillo, fueron desplazadas practicamente en su totalidad por la violencia. Su objetivo es lograr que al menos 1.500 personas puedan volver.
Una tarea de una enorme complejidad, pero que quizá tendrá un nuevo aire luego de que el pasado 24 de noviembre se firmara el nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. En el texto hay un plan de reconocimiento de la propiedad de las tierras y de entrega a través de un Fondo para quienes fueron despojados de ellas.
“Queremos estar preparados para que el día que abran convocatorias para acceder al Fondo de Tierras nosotros tengamos ya la gente. Tenemos que organizarnos para ese momento”, dice.